Érase una vez un país donde no había Bibliotecas Públicas. La cultura, el acceso a la información y la educación estaban sólo al alcance de unos pocos. Las elites poseían novelas, enciclopedias, prensa, ensayos, poesía, cuentos, cómics, ordenadores. La casta dirigente monopolizaba los medios de acceso a la información, compraba libros y revistas, disponían de bibliotecas privadas de acceso exclusivo. El poder económico, pese a ser una minoría, acaparaba como una propiedad privada la sociedad del conocimiento: cultura, educación, nuevas tecnologías. Los escritores, periodistas, pensadores, editores enfocaban su producción literaria y cultural hacia esa elite porque, lógicamente, era la única que, a pesar de ser minoritaria, podía abonar los costes. Además, los autores y editores como debían tener contentos a sus clientes-pagadores, mostraban una exultante simpatía hacia todo lo que hacían y significaban sin cuestionar en ningún caso el corralito social y cultural en que se había convertido ese país que una vez, antes del desastre,
fue democrático. La figura del bibliotecario, profesional que se dedicaba a ordenar y canalizar los flujos de información y conocimiento hacia la ciudadanía, prácticamente se había extinguido, y los pocos que quedaban se habían convertido en una especie de asesores de los pocos que se podían permitir pagar por sus servicios. Así las cosas, los cimientos del conocimiento de la sociedad, y por tanto del desarrollo, habían quedado replegados en la cima de la pirámide social. El resto de los habitantes de ese país, silenciosa, abnegada y obediente masa humana que sustentaba esa pirámide, apenas llegaban a la condición de ciudadanos.
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